Lo hizo bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el “Observatorio Político Criminal del Delito y las Conflictividades”.
En la resolución 1132 publicada en el Boletín Oficial, se destacó que uno de los objetivos del Observatorio será el de recopilar, sistematizar y analizar los datos e información acerca del delito y el sistema penal en la provincia de Buenos Aires así como producir estadísticas.
Además, deberá desarrollar un sistema de información permanente de orden consultivo que brinde insumos a diversos organismos con competencia en política criminal para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas que garanticen la prevención y persecución penal eficaz del delito y la gestión de las conflictividades sociales desde una perspectiva de análisis criminal e intervención estratégica.
El área además tendrá que elaborar informes generales para su posterior consideración por parte del Subsecretario de política criminal; generar espacios de articulación y cooperación con organismos gubernamentales, sociales y académicos, para intercambiar y actualizar información de manera permanente; y promover y poner a consideración del Subsecretario la celebración de convenios y acuerdos de cooperación interinstitucional.
El Observatorio estará integrado por tres profesionales o técnicos en Ciencias Sociales, un profesional o técnico en Informática y un administrativo.