El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora cambios en los procedimientos de desalojo, las expropiaciones y la regularización de escrituras. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 26 negativos, luego de que la Cámara alta aceptara las modificaciones introducidas por Diputados.
Uno de los puntos centrales es la restitución de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011 y derogada mediante el DNU 70/2023. La normativa establece que la propiedad extranjera no podrá superar el 15% de las tierras rurales del país, mientras que una misma nacionalidad podrá concentrar hasta el 30% de ese porcentaje. Además, fija un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y restricciones para terrenos ubicados en zonas de frontera o cercanos a grandes cuerpos de agua.
La nueva legislación también establece mecanismos para acelerar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente. En determinados casos, los propietarios podrán solicitar la restitución anticipada y se contempla la posibilidad de intimar a los ocupantes a devolver la propiedad en un plazo de 72 horas. Para los conflictos por falta de pago de alquileres, se mantiene la obligación de otorgar al inquilino un plazo mínimo de diez días corridos para cancelar la deuda antes de iniciar la demanda judicial.
En materia de expropiaciones, la norma incorpora mayores exigencias para el Estado, que deberá justificar de manera específica la utilidad pública del inmueble. Las indemnizaciones deberán considerar el valor de mercado y los daños ocasionados, incluido el lucro cesante debidamente acreditado, que como regla general tendrá un límite equivalente al 30% del daño emergente.
Por último, la ley modifica el régimen de regularización dominial para facilitar el acceso a escrituras. El beneficio alcanzará a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante al menos diez años, siempre que cumplan los requisitos establecidos para viviendas únicas y permanentes. También contempla situaciones de agricultores familiares que residan y desarrollen actividades productivas en terrenos rurales.