La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó una cautelar que preserva las condiciones del servicio de agua y cloacas. La medida alcanza a 26 municipios del AMBA, pero no anula ni detiene por completo el proceso de privatización.
La resolución impide que AySA modifique, reduzca, limite, suspenda o altere sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente y la prestación adecuada. La protección se mantendrá mientras la Justicia analiza el fondo del planteo iniciado por la Defensoría del Pueblo bonaerense.
La Sala II también dispuso que la causa continúe en el fuero federal, porque la controversia requiere interpretar normas nacionales y la empresa mantiene participación estatal mayoritaria. El juzgado federal que intervendrá todavía debe ser sorteado por la Cámara Federal de La Plata.
El reclamo cuestiona cláusulas del contrato de concesión aprobado en mayo dentro del procedimiento para transferir al sector privado el 90% de las acciones. El Gobierno extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para recibir propuestas, según la información incorporada al expediente periodístico.
Para los usuarios, el efecto inmediato es que el prestador no puede rebajar los estándares vigentes mientras continúe la cautelar. La decisión no congela tarifas, no define quién administrará la compañía y tampoco resuelve todavía si el nuevo contrato es válido en su totalidad.