El Gobierno de Javier Milei presentó este martes 13 de octubre una solicitud ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La medida busca impedir el avance de las actividades hidrocarburíferas autorizadas por el Reino Unido en una zona cuya soberanía reclama la Argentina.
La presentación se concretó luego de que venciera el plazo de 14 días otorgado por el Gobierno argentino a las autoridades británicas para detener el emprendimiento. Ante la negativa de Londres, la Cancillería avanzó con el pedido de medidas provisionales, que podrían suspender las operaciones mientras se desarrolla un arbitraje internacional.
El proyecto Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y está a cargo de la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. La primera etapa contempla la perforación de 11 pozos submarinos durante 2027, con el objetivo de iniciar la producción comercial de petróleo en el primer trimestre de 2028.
La solicitud argentina se fundamenta en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y busca preservar los derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental. El Gobierno sostiene que las autorizaciones británicas son unilaterales y contrarias a los derechos soberanos argentinos. Por su parte, el Reino Unido afirma que las actividades cumplen con la legislación aplicable y el derecho internacional.
Ahora, el Tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania, deberá evaluar si corresponde dictar medidas urgentes para detener el avance del proyecto. Aunque todavía no existe una fecha oficial para la resolución, los antecedentes permiten estimar que podría conocerse una primera decisión durante noviembre. La presentación argentina no implica la suspensión automática de las actividades petroleras.