Ex combatientes presentaron este miércoles una denuncia contra el presidente Javier Milei por presunta violación de los deberes de funcionario público, tras declaraciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas que, según los denunciantes, contravienen la Constitución y podrían debilitar la posición histórica de Argentina en el reclamo.
Este miércoles 21 de enero, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó formalmente una denuncia penal contra el presidente Javier Milei ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°12 en Comodoro Py. La acción judicial, radicada ante el juez subrogante Julián Ercolini, acusa al mandatario de violación de los deberes de funcionario público por declaraciones vinculadas a la soberanía de las Islas Malvinas.
La presentación se basa principalmente en una entrevista publicada el 29 de diciembre de 2025 en el diario británico The Telegraph, donde Milei afirmó que la recuperación del territorio “debería darse por negociación y cuando los isleños así lo deseen”. Para los ex combatientes, estas expresiones contravienen la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, leyes vigentes y resoluciones de la ONU, y proyectan una imagen de “desinterés y abdicación” de la causa Malvinas desde la máxima autoridad del Estado.
Los denunciantes argumentan que dichos de este tipo no son meramente opinativos, sino que tienen potenciales consecuencias en el plano internacional y podrían debilitar la histórica posición argentina sobre la soberanía de las islas. También recuerdan que, previo a la denuncia, habían intimado al Presidente y a la Cancillería a retractarse, sin obtener respuesta satisfactoria.
Además de la entrevista en medios británicos, la denuncia menciona otros discursos públicos de Milei, como el brindado el 2 de abril de 2025 durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, donde el Presidente habló sobre la autodeterminación de los isleños, focalizando el reclamo soberano en términos distintos a los tradicionalmente sostenidos por el Estado argentino.
El expediente también pide que se investigue si las conductas denunciadas podrían configurar otros delitos de acción pública, y se enmarca en una serie de tensiones entre el Gobierno y los ex combatientes por la interpretación de la política estatal hacia la cuestión Malvinas.