Con el fuerte apoyo que recibió en las últimas elecciones, el Gobierno nacional vuelve a poner en agenda la reforma laboral, una iniciativa que ya se venía discutiendo en el Consejo de Mayo y que busca modernizar el régimen de trabajo vigente.
El proyecto, impulsado por la diputada Romina Diez (La Libertad Avanza) bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques y propone cambios estructurales: ampliación de la jornada laboral, flexibilización de convenios, pago de indemnizaciones en cuotas y nuevos incentivos al empleo.
Ejes del proyecto
El texto, presentado originalmente a fines de 2024, retoma los lineamientos de la denominada Ley Bases y plantea “modernizar las condiciones que regulan la relación entre empleadores y trabajadores”, según su exposición de motivos.
Entre sus puntos centrales, el proyecto redefine el principio de irrenunciabilidad, amplía las facultades del empleador para modificar tareas o modalidades de trabajo y actualiza los beneficios sociales no remunerativos.
Además, permite que los recibos de sueldo se instrumenten de forma electrónica y habilita el pago mediante distintos medios —efectivo, cheque o acreditación bancaria—, siempre garantizando la transparencia en la liquidación de haberes.
Cambios en vacaciones y licencias
En materia de vacaciones, se flexibiliza la época de otorgamiento y se habilita su fragmentación en períodos no menores a una semana, asegurando que cada trabajador pueda gozar de descanso en temporada de verano al menos una vez cada dos años.
En cuanto a las licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos de tres o seis meses según la antigüedad, y se introduce un procedimiento de verificación de certificados médicos a cargo de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.
Incentivos al empleo y beneficios para Pymes
Uno de los capítulos destacados es el de incentivos a la contratación. El proyecto crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los porcentajes del beneficio varían según el tamaño de la empresa:
100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas, y 25% para grandes compañías.
A su vez, se establece que las Pymes podrán abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales, una medida que el oficialismo considera clave para fomentar la formalización laboral.
Modificaciones en el trabajo agrario
El texto también redefine el régimen de trabajo agrario, excluyendo de su alcance a quienes realicen actividades industriales, comerciales, turísticas o de servicios, y manteniendo la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto de los trabajadores proporcionados.
Un debate que vuelve al Congreso
La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores como Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano, entre otros.
Con el nuevo escenario político tras las elecciones, el oficialismo busca retomar el debate parlamentario y convertir esta propuesta en uno de los ejes del próximo período legislativo.