El Gobierno reglamentó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años. El Decreto 875/2026 definió los mecanismos para implementar el sistema en la Justicia nacional y federal.
La reglamentación incorpora la figura del supervisor especializado, que tendrá a su cargo el seguimiento, asistencia y control de los adolescentes durante el proceso judicial. Estos profesionales deberán contar con formación vinculada a áreas como educación, psicología, trabajo social, adicciones o pedagogía infanto-juvenil.
Además, se creará un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil dentro del Ministerio de Justicia. Hasta su conformación definitiva habrá un listado provisorio de profesionales y los jueces serán quienes seleccionen al supervisor para cada causa. El proceso para constituir el registro tendrá un plazo máximo de 180 días.
El decreto también crea un Comité Interministerial, integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Su función será coordinar políticas de prevención, abordaje y reinserción, además de trabajar en la implementación de las penas alternativas previstas por la ley.
A su vez, funcionará una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil para articular acciones entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La adhesión de las jurisdicciones será voluntaria y se buscará establecer criterios comunes, intercambiar experiencias y promover acuerdos de cooperación.
La reglamentación también contempla derechos para las víctimas, entre ellos asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito, y establece capacitaciones para jueces, fiscales, defensores y otros operadores del sistema penal juvenil.
La medida complementa la entrada en vigencia del nuevo régimen, que redujo de 16 a 14 años la edad de punibilidad y establece un sistema diferenciado del régimen penal de adultos para los adolescentes alcanzados.