La Ley 27.801 comenzó a aplicarse este sábado 5 de septiembre en todo el país. El sistema alcanza a adolescentes desde los 14 años y reemplaza el régimen que fijaba el inicio de la punibilidad en los 16.
La edad se determina al momento de la comisión del hecho y el nuevo marco comprende a quienes todavía no hayan cumplido 18 años. La ley establece garantías específicas de defensa, debido proceso, proporcionalidad y trato especializado durante la investigación y el cumplimiento de las sanciones.
La pena máxima de privación de libertad es de quince años, incluso cuando la escala ordinaria resulte superior. Quedan prohibidas la prisión y la reclusión perpetuas para adolescentes, mientras que el encierro debe utilizarse como último recurso y por el menor tiempo posible.
El régimen incorpora medidas alternativas y complementarias, como orientación de equipos interdisciplinarios, capacitación laboral, continuidad educativa, tareas comunitarias y programas de integración social. También contempla mediación penal para determinados delitos y suspensión del proceso a prueba cuando se cumplen las condiciones legales.
Las víctimas podrán recibir asistencia especializada, pedir patrocinio jurídico gratuito si no pueden costearlo y participar en instancias de mediación. La ley invita además a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adaptar sus procedimientos y prevé $23.739 millones para la implementación nacional durante 2026.
La entrada en vigencia no significa que todos los adolescentes acusados recibirán prisión ni que desaparezcan las garantías de protección integral. Cada caso deberá ser resuelto por autoridades especializadas según el hecho, la prueba, la edad y las circunstancias personales.