Un fallo judicial dispuso que el Ejecutivo garantice la plena vigencia de la norma y cumpla con las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales.
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que obliga al Ejecutivo a garantizar los recursos establecidos para el funcionamiento del sistema educativo superior. La resolución se da en medio de los reclamos de universidades por la falta de actualización presupuestaria.
Según se desprende de la decisión judicial, el Estado deberá cumplir con las partidas previstas en la norma, que contempla mecanismos de financiamiento para asegurar el funcionamiento de las casas de estudio, el pago de salarios y el sostenimiento de actividades académicas.
El reclamo había sido impulsado por sectores vinculados al ámbito universitario, que denunciaron el incumplimiento de la ley y advirtieron sobre el impacto en el desarrollo de clases, investigaciones y servicios esenciales. En ese marco, el fallo reconoce la obligación del Gobierno de garantizar el derecho a la educación superior.
Además, la resolución judicial pone el foco en la necesidad de asegurar previsibilidad presupuestaria, en un contexto de alta inflación y recortes que afectan el normal funcionamiento de las universidades públicas en todo el país.
Tras conocerse la medida, se espera la respuesta del Gobierno nacional, que deberá definir si acata el fallo o avanza con una apelación, mientras continúa el conflicto por el financiamiento del sistema universitario.