El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires dispuso la imputación de oficio a las empresas Spotify y HBO MAX, luego de que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, detectara la inclusión de cláusulas abusivas incorporadas en los términos y condiciones de ambas empresas, en presunta infracción a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
En total violación a lo establecido por los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, tanto Spotify como HBO MAX establecen que sus “Términos de Uso” sean interpretados según leyes estadounidenses y no según las normativas nacionales y provinciales, de modo tal que un usuario o usuaria bonaerense que contrate esos servicios y decida iniciar acciones legales, se encontraría con que el convenio está regido por leyes de California o Nueva York. Ambas empresas, además, se aseguran el derecho de interrumpir el contrato sin motivo alguno. E imponen a los usuarios que renuncien a la posibilidad de iniciar reclamos en forma colectiva.
En el caso de Spotify, los hallazgos de cláusulas abusivas incluyeron la exoneración y/o limitación de responsabilidad, imponiendo que la única y exclusiva solución para cualquier problema con Spotify es desinstalar el software y dejar de usar el servicio y estableciendo que no son responsables por los daños que se pudieren generar, lo que resulta además, violatorio al deber legal de garantía que poseen todos los productos y servicios conforme la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. También obliga a renunciar a sus usuarios a la posibilidad de iniciar reclamos en forma colectiva en defensa de sus derechos y la imposición de un arbitraje obligatorio individual.
Con estos relevamientos e imputaciones, se cumple con el deber de controlar los contratos de adhesión, ya que en virtud de las características de este tipo de contratos, las y los consumidores acuerdan directamente sin posibilidad de negociar los términos, ordenando modificar, adecuar o suprimir las mismas, en cumplimiento con nuestra normativa vigente. Y con ello, se persigue evitar conductas que puedan resultar violatorias a la normativa de defensa de consumidores y usuarios.