La concesión alcanzará 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias e incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El esquema prevé inversiones privadas y obras obligatorias durante los primeros cinco años.
El Gobierno nacional convocó a una licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente operadas por Belgrano Cargas y Logística. La medida forma parte del programa de privatizaciones impulsado por la administración nacional.
La concesión comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, que vinculan algunas de las principales zonas productivas del país con puertos y pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. El nuevo sistema funcionará bajo un régimen de acceso abierto que permitirá la participación de diferentes operadores.
El esquema contempla planes de inversión y obras obligatorias que deberán realizarse durante los primeros cinco años de las concesiones. Entre los proyectos previstos se encuentran intervenciones para eliminar un cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe, recuperar el ramal azucarero del Belgrano, mejorar el corredor principal del San Martín y rehabilitar el ramal troncal del Urquiza. Los inversores también podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La licitación permitirá además que los futuros concesionarios adquieran material rodante de cada línea. Los recursos obtenidos por la venta y remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso para financiar parte de las obras obligatorias. El Estado, por su parte, conservará las tareas de regulación, fiscalización y control del sistema ferroviario.
Según el Gobierno, al inicio de la actual gestión la empresa presentaba pérdidas económicas, deterioro de infraestructura y una elevada cantidad de descarrilamientos. Además, durante 2023 se habría incumplido entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo. La administración nacional justificó el plazo de 50 años en la necesidad de generar condiciones para inversiones ferroviarias de gran escala y de recuperación a largo plazo.