El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas natural para el Área Metropolitana de Buenos Aires, con subas en el costo de distribución y un esquema de bonificaciones focalizadas que impactarán en las boletas a partir del 1° de febrero de 2026.
El Ejecutivo nacional formalizó la actualización de las tarifas de energía eléctrica y gas natural que comenzarán a regir desde las cero horas del 1° de febrero de 2026 para usuarios del AMBA. La medida fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y la Secretaría de Energía, en el marco de la política de reducción progresiva de subsidios energéticos.
En el caso del gas natural, el ENARGAS aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas mediante la Resolución 48/2026. Las facturas incorporarán de forma explícita el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas, calculado según los lineamientos del Plan Gas.Ar. Las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se aplicarán únicamente sobre este PAU, sin considerar precios derivados de compras fuera del plan.
Respecto de la energía eléctrica, el ENRE autorizó aumentos en el costo de distribución para las principales distribuidoras del AMBA. Las subas serán del 2,91 % para Edesur y del 2,98 % para Edenor en comparación con enero de 2026, definidas por los mecanismos automáticos de actualización basados en índices de precios.
El esquema de subsidios vigente continuará con bonificaciones sobre un consumo base de 300 kWh en los meses de verano e invierno y de 150 kWh en meses de menor demanda. Además, para este año se suma una reducción extraordinaria adicional de hasta 25 % sobre ese consumo base, con posibilidad de ajustes periódicos.
Desde la Secretaría de Energía señalaron que la uniformidad del precio anual del gas busca atenuar variaciones bruscas en las facturas por estacionalidad, mientras que el objetivo general de las actualizaciones tarifarias es garantizar la sostenibilidad económica de los servicios públicos y concentrar subsidios en los sectores más vulnerables.