La nueva normativa regula la recolección, conservación y traslado de evidencias para análisis de ADN. El objetivo es reforzar la cadena de custodia y la confiabilidad de las pruebas judiciales.
El Ministerio de Seguridad bonaerense aprobó el protocolo mediante la Resolución 2060-MSGP-2026. El documento fue elaborado junto con la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General.
La regulación establece procedimientos comunes para el levantamiento, la recopilación, la preservación y la remisión de muestras genéticas. Su aplicación alcanzará a las dependencias policiales, científicas y forenses que intervienen en investigaciones penales dentro de la provincia.
La unificación busca reducir errores, contaminación de muestras y diferencias operativas entre jurisdicciones. Una cadena de custodia documentada también permite determinar quién manipuló cada evidencia desde su obtención hasta el análisis pericial.
En la elaboración participaron la Policía Científica, áreas provinciales de estudios forenses, institutos periciales, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado. La efectividad del protocolo dependerá ahora de su aplicación uniforme y de la capacitación de los equipos intervinientes.