En 2004, el 35% de los jóvenes no había podido emanciparse, según la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo), que realiza el INDEC. Esto significaba cerca de 2 millones de personas. Si bien no hay datos anteriores, por la evolución posterior podría pensarse que este nivel tenía incorporado el impacto de la crisis de la convertibilidad.
Luego, entre 2004 y 2012 (vuelve a realizarse la ENGHo), el número de jóvenes no emancipados bajó hasta 1,7 millones, lo que significó también una reducción en el porcentaje hasta el 31%, el nivel más bajo registrado desde 2004 hasta la fecha.
Posteriormente, en 2016, ya a partir de la EPH que también realiza el INDEC, se registró que el 39,1% de los jóvenes vivía sin haberse podido emancipar. A partir de ahí, y tanto según EPH como según ENGHo, los jóvenes no emancipados se mantuvieron en un promedio de 39%. En 2023, último dato disponible, hubo 2,3 millones de jóvenes no emancipados, equivalente al 37% del total.
Es decir, independientemente de la fuente o el año, la conclusión es que entre 2 y 2,5 millones de jóvenes de 25 a 34 años viven con sus padres o abuelos. Este alto porcentaje plantea un problema a futuro: existe una demanda latente de vivienda que no se está satisfaciendo. Esto puede deberse a que estos jóvenes no tienen ingresos suficientes para mudarse o carecen de ahorros para cubrir los gastos asociados con la independencia. En el mediano plazo, esto genera un efecto negativo sobre la construcción, que no percibe a este segmento como un potencial demandante y, entonces, no construye para ellos. Este es un ciclo vicioso que impide la independencia de estos jóvenes.