A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo eliminó la regulación que regía desde 1993 y otorgó a las instituciones privadas la libertad para fijar sus cuotas y matrículas.
El Gobierno nacional dispuso, mediante el Decreto 787/2025, la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina.
La medida, publicada en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, elimina la obligación de los colegios privados de informar y obtener autorización previa del Estado para modificar los valores de sus cuotas y matrículas, lo que implica un cambio sustancial en el esquema de control estatal sobre el sector.
Según los fundamentos del nuevo decreto, la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El texto sostiene que el sistema vigente desde los años 90 respondía a un contexto en el que la administración de la educación dependía del Gobierno nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo considera que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.
Entre los argumentos centrales, el decreto advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. En ese sentido, señala que la obligación de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con anticipación “limita la capacidad de adaptación de los institutos a las fluctuaciones del mercado”.
Además, el Gobierno plantea que este mecanismo de control “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elección y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.
El texto también pone el foco en el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. En esa línea, el Ejecutivo advierte que la rigidez en la regulación de tarifas “puede llevar a una precarización de la calidad educativa”.
Finalmente, el decreto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 —la norma base del sistema de financiamiento de la educación privada— y elevar una propuesta de modificación. El objetivo, según el texto oficial, es avanzar hacia un esquema que “resguarde el principio de libre contratación y permita a las instituciones educativas definir sus políticas de precios y compensaciones en el marco de una competencia leal”.