Una medida cautelar suspendió el proceso impulsado por la gestión de Javier Milei para privatizar la empresa de agua y saneamiento. La decisión judicial representa un revés para una de las principales iniciativas del programa de reformas del Ejecutivo.
La Justicia dictó una medida cautelar que suspendió el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La resolución representa un nuevo obstáculo para el plan del Gobierno nacional de avanzar con la venta del 90% de las acciones de la compañía.
La decisión judicial fue adoptada a partir de una presentación que cuestionó la legalidad del procedimiento y planteó la necesidad de garantizar instancias de control antes de concretar la transferencia al sector privado. Mientras la cautelar esté vigente, el proceso de privatización quedará paralizado.
AySA es una de las empresas incluidas en el esquema de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei. En mayo, el Gobierno había lanzado una licitación pública nacional e internacional para desprenderse del 90% del paquete accionario, con el objetivo de incorporar capital privado a la prestación del servicio.
La operación proyectaba recaudar alrededor de 500 millones de dólares y se perfilaba como la primera gran privatización de una empresa de servicios públicos durante la actual gestión. La apertura de ofertas estaba prevista para los próximos meses.
Desde el Ejecutivo aún no adelantaron cómo responderán a la resolución judicial, aunque la medida agrega incertidumbre sobre los plazos previstos para concretar una de las iniciativas más relevantes del programa de reforma del Estado.