El Gobierno modificó el mecanismo de selección de candidatos para el máximo tribunal. Entre los cambios, eliminó instancias de participación ciudadana y criterios vinculados a diversidad de género y representación regional.
El Gobierno nacional oficializó una reforma en el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La medida modifica el esquema establecido por el Decreto 222/2003, vigente desde la presidencia de Néstor Kirchner.
Entre las principales modificaciones, se eliminó la obligación de publicar durante varios días los antecedentes de los candidatos en el Boletín Oficial y en medios de circulación nacional. También dejó de existir la instancia en la que ciudadanos, organizaciones y entidades profesionales podían presentar observaciones o impugnaciones ante el Ministerio de Justicia.
Además, el nuevo esquema suprime las recomendaciones que sugerían contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de proponer postulantes para integrar el máximo tribunal.
Según argumentó el Ejecutivo, las modificaciones buscan agilizar los procesos de nombramiento y evitar la duplicación de etapas administrativas que, a su criterio, ya están contempladas en el trámite parlamentario que debe realizar el Senado para otorgar acuerdo a los candidatos.
El decreto también incorpora nuevas pautas para la presentación de información patrimonial, fiscal y previsional de los postulantes, con plazos específicos para la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la entrega de declaraciones juradas.