La medida vigente finaliza el 31 de diciembre y puede prorrogarse durante otro año. Organizaciones denuncian pagos pendientes y demoras, mientras el Ministerio de Salud cuestiona ese diagnóstico.
La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad fue reglamentada en febrero, después de una orden judicial que exigió su aplicación. Comprende centros de día, hogares, rehabilitación, educación terapéutica, alimentación, transporte y estimulación temprana.
Los prestadores afirman que todavía no recibieron la compensación correspondiente al atraso de los aranceles durante 2023 y 2024. También señalan que continúa pendiente el estudio destinado a calcular el costo efectivo de los servicios.
Otro punto de discusión son las pensiones no contributivas. Salud reconoció aproximadamente 313.000 expedientes pendientes, aunque informó que 15.243 ya están en la etapa final de emisión y firma del acto administrativo.