El Gobierno impulsa una reforma integral para modernizar las reglas de funcionamiento de las empresas y adaptarlas a la economía digital. El proyecto incorpora sociedades automatizadas, inteligencia artificial y organizaciones basadas en blockchain, pero especialistas advierten sobre los controles y las responsabilidades frente a terceros.
El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma integral de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sancionada en 1972, con el objetivo de actualizar un régimen que considera desfasado frente a las nuevas formas de hacer negocios. La iniciativa fue presentada en el Senado y trabajada por equipos del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría Legal y Técnica.
El proyecto se estructura sobre cinco ejes: mayor autonomía para los socios, simplificación y digitalización de los registros, modernización de los tipos societarios, fortalecimiento de la responsabilidad de los administradores y actualización tecnológica. Entre otros cambios, propone que las sociedades puedan constituirse íntegramente de manera digital, crear un legajo público electrónico para cada empresa, implementar un Registro Nacional de Sociedades y digitalizar los libros societarios y contables. También contempla modificaciones para las SRL, las sociedades anónimas cerradas y las SAS.
Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de las Sociedades Automatizadas y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO). Las primeras podrían desarrollar su actividad mediante sistemas algorítmicos o agentes de inteligencia artificial, mientras que las DAO funcionan a partir de reglas programadas, contratos inteligentes y tecnologías como blockchain. De esta manera, la reforma busca brindar reconocimiento jurídico a estructuras empresariales cuyo funcionamiento puede tener un alto grado de automatización.
Este punto abrió uno de los principales debates: quién responde cuando una empresa funciona mediante algoritmos o inteligencia artificial. El Gobierno sostiene que la modernización tecnológica no elimina las responsabilidades y asegura que el proyecto mantiene los regímenes de responsabilidad civil y penal. Además, plantea que contar con una legislación adaptada a estos modelos permitiría atraer inversiones y compañías vinculadas con la economía digital.