El Senado convirtió en ley este viernes el nuevo régimen penal juvenil, una de las reformas clave del Ejecutivo, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación arrojó 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, lo que le dio al oficialismo un respaldo amplio en el tramo final del período legislativo.
El punto central de la norma es que los adolescentes de entre 14 y 16 años podrán ser penalmente responsables en casos de delitos graves, especialmente aquellos que involucren violencia o muerte. Hasta ahora, el régimen vigente solo permitía imputar a menores a partir de los 16 años y bajo condiciones limitadas.
Además de la baja en la edad de imputabilidad, la ley crea un nuevo sistema penal juvenil con medidas procesales específicas. Para delitos con penas de hasta tres años, los jueces podrán aplicar sanciones alternativas como amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de salida del país o la prestación de servicios comunitarios.
Ese mismo esquema podrá aplicarse en casos con penas de hasta diez años de prisión, siempre que no haya existido muerte o lesiones gravísimas. La norma apunta, según el oficialismo, a combinar responsabilidad penal con criterios de gradualidad y reinserción social.
En una incorporación de último momento en Diputados, el Poder Ejecutivo incluyó una partida de 23.800 millones de pesos para financiar la puesta en marcha del nuevo régimen. Esos fondos estarán destinados, entre otras cuestiones, a la creación de establecimientos específicos para adolescentes, ya que la ley prohíbe que queden detenidos junto a mayores de edad.