La nueva normativa introduce modificaciones en los criterios de protección ambiental y habilita actividades en áreas antes restringidas, lo que genera debate por su impacto en los recursos hídricos.
El Gobierno nacional promulgó una modificación a la Ley de Glaciares que introduce cambios clave en la regulación de las actividades permitidas en zonas periglaciares. La medida redefine los criterios de protección y abre la puerta a la realización de proyectos productivos, especialmente vinculados a la minería y la explotación de recursos naturales.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la revisión del concepto de ambiente periglacial, que ahora queda más acotado. Esto implica que ciertas áreas que antes estaban bajo resguardo podrían quedar habilitadas para el desarrollo de actividades económicas, siempre bajo determinadas condiciones de control.
Desde el oficialismo sostienen que la actualización de la norma busca equilibrar el cuidado ambiental con la necesidad de impulsar inversiones y generar empleo. En ese sentido, argumentan que la legislación anterior resultaba demasiado restrictiva y frenaba proyectos estratégicos para distintas provincias cordilleranas.
Sin embargo, sectores ambientalistas y especialistas advierten sobre los riesgos de estos cambios. Señalan que la reducción de las áreas protegidas podría afectar reservas clave de agua dulce, en un contexto donde los glaciares cumplen un rol fundamental como reguladores hídricos.
La modificación de la ley vuelve a poner en el centro del debate la tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental, en un escenario donde los recursos naturales adquieren cada vez mayor relevancia estratégica.