El proyecto que llega al Congreso introduce modificaciones en la jornada laboral, el cálculo de indemnizaciones, el derecho a huelga y el régimen de teletrabajo. También crea un fondo específico y beneficios para empleadores.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno y que comienza a debatirse en la Cámara de Diputados introduce cambios centrales en el régimen de trabajo. En el capítulo de licencias por enfermedad, finalmente se eliminó el punto más cuestionado: el texto original preveía reducir el salario al 50% o 75% en determinados casos, pero esa medida fue retirada tras las críticas sindicales y de la oposición.

En materia de despidos, la modificación impacta directamente en el bolsillo del trabajador. La indemnización ya no se calculará incluyendo aguinaldo, premios, vacaciones ni otros conceptos considerados “no habituales”, lo que reduce el monto final. Además, si el caso termina en juicio laboral, las empresas podrán pagar en cuotas: hasta seis si son grandes compañías y hasta doce si se trata de pymes. A su vez, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que funcionará como un esquema alternativo para afrontar costos ante desvinculaciones.

Otro punto clave es la jornada laboral. El proyecto habilita extender la jornada diaria de ocho a doce horas, siempre que se respeten doce horas de descanso entre un turno y otro. En paralelo, redefine el concepto de salario y permite que pueda abonarse en pesos, en moneda extranjera o parcialmente en especie, lo que abre la puerta a nuevas modalidades de pago acordadas entre las partes.

En cuanto a las vacaciones, se autoriza su fraccionamiento en períodos de al menos siete días, siempre que exista acuerdo entre empleado y empleador. El trabajador deberá contar con al menos un período en temporada de verano cada tres años. En el capítulo sindical, se amplía el listado de actividades consideradas esenciales —como telecomunicaciones, educación, comercio y servicios portuarios— y en caso de huelga se deberá garantizar un mínimo del 75% de prestación. Además, las asambleas en el lugar de trabajo requerirán autorización del empleador y el tiempo que duren no será remunerado.

La iniciativa también regula el trabajo en plataformas digitales como Uber y Rappi, dejando explícito que no existe relación laboral entre las empresas y los repartidores o conductores, quienes deberán inscribirse por su cuenta, pagar aportes y contratar un seguro contra accidentes. Por último, se deroga la actual ley de teletrabajo y se establece un esquema más flexible, mientras que se crea un régimen de incentivo que reduce al 8% las contribuciones patronales durante un año para promover la formalización laboral.